Bloomberg — Las aseguradoras de salud internacionales como UnitedHealth Group y Bupa se están preparando para un enfrentamiento con el gobierno de Chile. Después de una serie de nuevas regulaciones y sentencias judiciales, la industria entró en declive.
Banmedica, una unidad de UnitedHealth Minnetonka, con sede en Minnesota, envió una carta al gobierno esta semana advirtiendo que buscaría una compensación del estado en virtud de un acuerdo de libre comercio entre Chile y Estados Unidos. Una carta amenazante similar fue enviada por la British United Provident Association, o PUPA, en marzo.
“Instamos al gobierno a tomar las medidas necesarias para garantizar que el sistema de salud funcione según lo planeado y que millones de personas continúen teniendo acceso a la atención que necesitan”. PanMedica dijo en una respuesta por escrito a las preguntas. “Estamos considerando todas las acciones a nuestra disposición”.
Sus muchas quejas incluyen un tope en las primas impuesto por el regulador de salud y un mandato para obligar a las aseguradoras privadas, no al gobierno, a cubrir las licencias médicas durante las pandemias. Asimismo, la Corte Suprema falló en diciembre Las aseguradoras deben usar una tabla única de factores de riesgo calculada por el estado, lo que les impide ajustar las primas por el sexo o la edad de una persona.
Las aseguradoras privadas de salud de Chile, conocidas como Ispres, cubren a 3,2 millones de personas, o el 16% de la población. Alrededor de 2,2 millones de personas esperan cirugías o citas médicas en hospitales públicos, donde el sistema de seguro gubernamental paralelo, llamado FONASA, atiende a la mayoría de la población.
Bupa Chile se negó a comentar para este artículo, mientras que Isapre Nueva Masvida, propiedad de la estadounidense Nexus Partners, se negó a confirmar los informes de reclamos de compensación.
bajo tensión
El fallo de la Corte Suprema de diciembre no solo obligó a Ispress a usar una tabla única de factores de riesgo, sino que también revirtió el movimiento cuando se elaboró la tabla en 2019. Los reguladores ahora tienen seis meses para diseñar un sistema para que Express reembolse los sobrecargos.
“Ese costo podría ser una sentencia de muerte para las aseguradoras privadas de salud”, dijo Héctor Sánchez, excontralor de Isapres y profesor de salud pública en la Universidad Andrés Bello.
Pero Isapres está bajo el asedio de sus propios clientes. Desde 2010, los chilenos los han estado demandando en masa para evitar que aumenten sus primas. Los tribunales casi siempre fallan a favor de los clientes y piden a las aseguradoras que paguen los costos legales.
Estos pagos, más un tope en la cantidad de licencias médicas pagadas y aumentos de precios, explican por qué la industria perdió 128 mil millones de pesos ($ 150 millones) en los primeros nueve meses de 2023, según datos del regulador.
Si no se puede llegar a un acuerdo bajo los términos de los acuerdos de libre comercio, el siguiente paso es demandar a Chile en el Centro Internacional para el Arreglo de Disputas Internacionales del Banco Mundial, o CIADI.
©2022 Bloomberg LP
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